Acción Popular Por Falta De Atención A Usuarios Con Discapacidad — Conflicto De Competencia Colombia

Si usted ha sido parte de un proceso judicial y ha sentido que sus derechos no han sido adecuadamente protegidos, es posible que se encuentre en una situación similar a la que vivió Sebastián Colorado López. Este ciudadano presentó una acción popular contra el Banco Davivienda S.A. debido a la falta de atención a usuarios con discapacidad auditiva y visual. La Corte Suprema de Justicia tuvo que intervenir para dirimir un conflicto de competencia entre dos juzgados que se disputaban la responsabilidad de conocer el caso. La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano proteger derechos colectivos, como el acceso a servicios adecuados para personas con discapacidad. Sin embargo, el camino hacia la justicia puede ser complicado, especialmente cuando surgen disputas sobre qué tribunal debe manejar el caso. En este artículo, exploraremos los detalles de esta sentencia y lo que significa para quienes enfrentan situaciones similares.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia se originó cuando Sebastián Colorado López, un ciudadano preocupado por la falta de atención a usuarios con discapacidad auditiva y visual, decidió presentar una acción popular contra el Banco Davivienda S.A. La demanda fue radicada en el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, donde el demandante solicitó que se ordenara a la entidad financiera contratar a un intérprete y un guía intérprete para atender adecuadamente a los usuarios con discapacidad en su sede ubicada en Cúcuta. Inicialmente, el juzgado admitió la demanda y realizó las notificaciones pertinentes. Sin embargo, en un giro inesperado, el 15 de abril de 2021, el juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado y rechazó la demanda, argumentando que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta era el competente para conocer el caso, ya que era allí donde se encontraba la sede del banco en cuestión. Esto generó un conflicto de competencia, ya que el Juzgado de La Virginia consideraba que el demandante había elegido correctamente su jurisdicción. Ante esta situación, el asunto fue elevado a la Corte Suprema de Justicia para que resolviera la disputa entre los dos juzgados.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia tuvo que evaluar el conflicto de competencia entre los dos juzgados involucrados en el caso. La Corte se centró en determinar cuál de los dos juzgados tenía la autoridad para conocer la acción popular presentada por Sebastián Colorado López. En este contexto, la Corte examinó las normas que regulan la competencia en materia de acciones populares, especialmente aquellas que se refieren a la elección del juez por parte del demandante. La Corte se basó en el principio de perpetuatio jurisdictionis, que establece que una vez que un juez asume un caso, no puede apartarse de él sin justificación adecuada. Esto fue fundamental para resolver el conflicto y determinar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia debía continuar con el trámite del proceso.

“En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y �ste inadvierte esa situaci�n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci�n, ser� el enjuiciado el �nico facultado para discutir el tema a trav�s de los mecanismos procesales a su disposici�n; en caso contrario, la competencia permanecer� inalterable, a menos que…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3537-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02154-00 — M.P. [ver documento] — 13 de enero de 2021

“Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil est� determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art�culo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del �lugar de ocurrencia de los hechos�…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3537-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02154-00 — M.P. [ver documento] — 13 de enero de 2021

“Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci�n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi� (13 en. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal�as que con posterioridad descubri� en la asignaci�n de competencia por parte del promotor de la acci�n constitucional (15 ab. 2021), ninguna de las…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3537-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02154-00 — M.P. [ver documento] — 13 de enero de 2021

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece lineamientos claros sobre la competencia de los juzgados en acciones populares. En este contexto, se resalta que el demandante tiene la facultad de elegir el juez que conocerá su caso, siempre que esta elección se ajuste a las normas establecidas. Esto significa que el actor puede optar por el juzgado que considere más adecuado, ya sea por el lugar de ocurrencia de los hechos o por el domicilio del demandado. En el caso de Sebastián Colorado López, su elección de radicar la demanda en La Virginia fue válida según lo estipulado en la ley. La Corte, al resolver el conflicto, reafirmó la importancia de respetar la voluntad del demandante en la elección del juez, lo que se alinea con los principios del Tratado de Casación Civil.

“A lo largo de mi carrera profesional he encontrado múltiples barreras como litigante para la construcción de demandas de casación en diferentes áreas del derecho, especialmente en lo relacionado con la técnica del recurso extraordinario de casación.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Además, el Tratado enfatiza que cualquier error en la elección del juez debe ser discutido por el demandado a través de los mecanismos procesales correspondientes. En este caso, el Banco Davivienda S.A. no cuestionó la elección del juzgado en La Virginia, lo que reforzó la posición de la Corte de que el juzgado debía continuar con el proceso. La decisión de la Corte no solo resolvió el conflicto de competencia, sino que también reafirmó la importancia de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, especialmente aquellos que enfrentan barreras debido a su condición de discapacidad.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

En el contexto de la acción popular presentada por Sebastián Colorado López, es crucial entender qué errores pueden dar lugar a la casación. La casación es un recurso extraordinario que permite a las partes impugnar decisiones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia. En este caso, uno de los errores que podría haber llevado a la casación es la incorrecta interpretación de las normas sobre competencia. Si un tribunal se aparta de los principios establecidos en la ley sobre la elección del juez, esto puede ser motivo suficiente para que la Corte revise la decisión. Otro error podría ser la falta de consideración de la voluntad del demandante al elegir el juzgado, lo que vulneraría su derecho a acceder a la justicia. Además, si se presentan vicios en el procedimiento que afecten el debido proceso, esto también podría dar lugar a la casación. En resumen, cualquier decisión que no respete los principios de competencia, la voluntad del demandante o que vulnere el debido proceso puede ser objeto de revisión por parte de la Corte Suprema.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en casos de acción popular, como el de Sebastián Colorado López, procede bajo ciertas condiciones específicas. En primer lugar, es fundamental que la cuantía del asunto en cuestión sea igual o superior a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Esto asegura que el caso tenga la relevancia suficiente para ser revisado por la Corte Suprema. Además, el plazo para presentar el recurso es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es importante que los interesados actúen con rapidez, ya que el tiempo es un factor crucial en estos procedimientos. En cuanto a las causales, el recurso de casación puede ser interpuesto por errores en la interpretación de la ley, vicios en el procedimiento o cualquier decisión que contravenga los derechos fundamentales de las partes. Por lo tanto, es esencial que quienes se encuentren en una situación similar comprendan estos requisitos y causales para poder ejercer su derecho a la casación de manera efectiva.

Que significa esto para usted?

Para usted, como ciudadano que ha enfrentado o podría enfrentar una situación similar a la de Sebastián Colorado López, es fundamental entender que la acción popular es una herramienta poderosa para proteger sus derechos y los de otros. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en este caso resalta la importancia de la accesibilidad y la atención adecuada para personas con discapacidad. Si ha presentado una acción popular y ha encontrado obstáculos, es vital que conozca sus derechos y las posibilidades que tiene para impugnar decisiones que considere injustas. La casación puede ser una vía para corregir errores judiciales y garantizar que su voz sea escuchada. Además, es importante recordar que la elección del juez es un derecho que le asiste, y que cualquier error en este aspecto puede ser objeto de revisión. No está solo en este proceso; hay recursos y apoyo disponibles para ayudarle a navegar por el sistema judicial y hacer valer sus derechos.

Preguntas frecuentes sobre acción popular conflicto de competencia

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano proteger derechos colectivos, como el acceso a servicios públicos y la protección del medio ambiente.

¿Qué se entiende por conflicto de competencia? Un conflicto de competencia ocurre cuando dos o más juzgados reclaman la autoridad para conocer un mismo caso, lo que puede generar incertidumbre sobre cuál debe continuar con el proceso.

¿Cuáles son las causales para interponer un recurso de casación? Las causales incluyen errores en la interpretación de la ley, vicios en el procedimiento y decisiones que vulneren derechos fundamentales.

¿Qué plazo tengo para presentar un recurso de casación? El plazo para presentar un recurso de casación es de cinco días contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar.

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