Acción popular por falta de baño público accesible — competencia territorial Colombia

Recientemente, se ha presentado un caso que pone de manifiesto la importancia de los derechos colectivos y la accesibilidad en los espacios públicos. La acción popular promovida por Uner Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A. se centra en la falta de un baño público accesible en una de sus sucursales en Medellín. Este hecho no solo refleja una problemática de infraestructura, sino que también plantea interrogantes sobre la competencia territorial en el ámbito judicial. Si usted se encuentra en una situación similar, donde ha perdido en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, es fundamental entender qué implica este tipo de recurso y cómo puede afectar su caso. La casación es un medio de impugnación que permite revisar las decisiones de los tribunales superiores, buscando garantizar el respeto a la ley y la protección de los derechos fundamentales. En este artículo, exploraremos los detalles de la sentencia AC3391-2021, así como los aspectos relevantes de la competencia territorial en acciones populares.

Que ocurrió en este caso ante la Corte Suprema?

El caso en cuestión se origina en una acción popular interpuesta por Uner Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A. El demandante argumentó que en la sucursal de la entidad ubicada en la Carrera 47 n.º 52 – 112, interior 20, en Medellín, no existía un baño público accesible para personas que se movilizan en silla de ruedas. Esta situación constituye una violación a los derechos colectivos de accesibilidad y dignidad de las personas con discapacidad. La acción fue inicialmente admitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, en Risaralda, quien ordenó notificar a las partes involucradas, incluyendo a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, posteriormente, este juzgado declaró la nulidad de lo actuado, argumentando que carecía de competencia territorial para conocer del caso, dado que los hechos ocurrieron en Medellín, donde se encuentra la sucursal de Bancolombia. Esto llevó a una colisión de competencias entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia y el Quinto Civil del Circuito de Medellín, lo que obligó a la Corte Suprema de Justicia a intervenir y decidir sobre el conflicto de competencias.

Lo que analizó la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia evaluó la colisión de competencias entre los juzgados involucrados, considerando la normativa aplicable a las acciones populares. En este sentido, se centró en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, que establece las reglas de competencia para este tipo de acciones. La Corte determinó que el juez competente para conocer de la acción popular es aquel del lugar donde ocurrieron los hechos o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Esto implica que el demandante tiene la facultad de elegir ante cuál juez presentar su demanda, lo que es fundamental para garantizar el acceso a la justicia. La Corte también hizo hincapié en la importancia de la «perpetuatio jurisdictionis», que establece que una vez asumida la competencia por un juez, esta no puede ser alterada a menos que se presenten circunstancias excepcionales. Así, la Corte reafirmó que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia no debió apartarse del conocimiento del asunto, ya que había admitido la demanda y asumido la competencia.

“De ah� que para casos de varios domicilios, o situaciones f�cticas relacionadas con una sucursal o agencia espec�fica de una persona jur�dica que sea convocada, con base en la distribuci�n racional de los asuntos a cargo de los jueces, para un mejor ejercicio de sus funciones, como tambi�n para facilitar al promotor la elecci�n del fuero…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3391-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02434-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Al conjugar, pues, las reglas de competencia antes comentadas, de los art�culos 16 de la ley 472 de 1998 y el numeral 5� del art�culo 28 del C�digo General del Proceso, como en esta especie de controversia se demand� a una persona jur�dica por situaciones vinculadas con determinada sucursal o agencia, es indiscutible que la facultad electiva del…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3391-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02434-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

“Con todo, revisado este punto de competencia en las acciones populares, a partir del auto AC193 de 2017, se dilucid� que el citado segmento normativo de la ley 472 de 1998, no contempl� soluci�n para los eventos en que el accionado tiene varios domicilios, o es una persona jur�dica con sucursales o agencias, y los hechos respectivos se relacionan…”

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil — AC3391-2021 — Radicacion 11001-02-03-000-2021-02434-00 — M.P. [ver documento] — [ver documento]

Que dice el Tratado de Casación Civil sobre esto?

El Tratado de Casación Civil establece directrices claras sobre la competencia en acciones populares y la importancia de la accesibilidad a la justicia. En este contexto, se resalta que la elección del juez competente es un derecho del demandante, lo que busca facilitar el acceso a la justicia y garantizar la protección de los derechos colectivos. La normativa también establece que, en caso de que existan varios jueces competentes, el juez ante el cual se presentó la demanda tiene prioridad en el conocimiento del asunto. Esto es especialmente relevante en casos donde se demandan entidades con múltiples sucursales, como en el caso de Bancolombia. La interpretación de estas normas busca evitar la concentración de litigios en un solo juez y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos de manera efectiva.

“Muchas de esas dificultades he logrado superarlas mediante el estudio sistemático de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de las posiciones asumidas por cada magistrado frente a los distintos problemas jurídicos sometidos a su consideración.”

Maikel Nisimblat — Tratado General y Especial de Casacion Civil Colombiana (Amazon, 2026)

Asimismo, el Tratado enfatiza la necesidad de una interpretación armónica de las normas que regulan la competencia, para asegurar que los derechos de los demandantes no se vean vulnerados por cuestiones técnicas o formales. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que la falta de competencia por factores distintos a los subjetivos o funcionales es prorrogable, lo que significa que, si el demandado no impugna la competencia en el momento adecuado, el juez seguirá conociendo del caso.

Que errores del Tribunal pueden dar lugar a casación?

La casación es un recurso que permite revisar las decisiones de los tribunales superiores cuando se cometen errores en la aplicación de la ley o en la interpretación de los hechos. En el contexto de la acción popular por falta de baño público accesible, varios errores del tribunal podrían dar lugar a la casación. Uno de los errores más comunes es la incorrecta aplicación de las normas sobre competencia territorial. Si un tribunal se declara incompetente sin fundamento suficiente, como ocurrió en este caso, puede ser objeto de revisión en casación. Además, si se vulneran derechos fundamentales de las partes, como el derecho al acceso a la justicia, también se puede solicitar la casación. Otro error que podría dar lugar a la casación es la falta de motivación en las decisiones judiciales. Los jueces están obligados a fundamentar sus resoluciones, y si no lo hacen, esto puede ser considerado un vicio que afecte la validez del fallo. Por último, la falta de aplicación de precedentes judiciales relevantes también puede ser motivo de casación, ya que los jueces deben seguir la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia.

Cuando procede el recurso de casación en casos como este?

El recurso de casación en Colombia procede en casos específicos, y es fundamental conocer los requisitos para su interposición. En primer lugar, es necesario que la cuantía del asunto sea igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). En el caso de la acción popular por falta de baño público accesible, si la cuantía se cumple, el demandante puede interponer el recurso. Además, el plazo para presentar la casación es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar. Es importante que el demandante actúe con prontitud, ya que el incumplimiento de este plazo puede llevar a la inadmisión del recurso. Las causales de casación son diversas, y en este tipo de casos, se pueden invocar errores en la interpretación de la ley, falta de motivación en las decisiones, o la incorrecta aplicación de las normas sobre competencia. En resumen, el recurso de casación es una herramienta valiosa para quienes consideran que sus derechos han sido vulnerados y buscan una revisión judicial que garantice la justicia.

Que significa esto para usted?

La decisión de la Corte Suprema de Justicia en este caso tiene implicaciones significativas para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que han enfrentado situaciones similares. Si usted se encuentra en una situación donde sus derechos colectivos han sido vulnerados, es esencial que conozca sus opciones legales y cómo puede hacer valer sus derechos. La acción popular es un mecanismo que permite a los ciudadanos proteger sus derechos e intereses colectivos, y es fundamental que se utilice de manera adecuada. Además, entender la competencia territorial y los requisitos para la interposición de recursos como la casación es crucial para garantizar que su voz sea escuchada en el sistema judicial. Si ha perdido en segunda instancia o ha recibido una demanda de casación, no dude en buscar asesoría legal para explorar sus opciones y asegurarse de que su caso sea tratado de manera justa y equitativa.

Preguntas frecuentes sobre acción popular competencia territorial

¿Qué es una acción popular? La acción popular es un mecanismo legal que permite a cualquier ciudadano proteger derechos e intereses colectivos, como el acceso a servicios públicos y la protección del medio ambiente.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una acción popular? Para presentar una acción popular, se debe demostrar que existe una vulneración a derechos colectivos y que se busca proteger el interés general. Además, es importante cumplir con los requisitos formales establecidos en la ley.

¿Qué hacer si se pierde en segunda instancia? Si se pierde en segunda instancia, se puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, siempre que se cumplan los requisitos de cuantía y plazo.

¿Cuánto tiempo tengo para presentar un recurso de casación? El plazo para presentar un recurso de casación es de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión que se desea impugnar.

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