Introducción
La defensa penal en casos de cohecho y tráfico de influencias, especialmente cuando involucran a contratistas privados en el ámbito estatal, constituye un desafío considerable. Estos delitos no solo están intrínsecamente relacionados con la integridad y la moral pública, sino que también denotan tensiones complicadas entre el ejercicio del poder público y el ámbito empresarial. En consecuencia, un tratamiento adecuado de estos cargos requiere un entendimiento profundo de la materia penal, las dinámicas contractuales entre el Estado y los privados, así como de los principios que rigen la toma de decisiones en el contexto público.
1. Análisis del tipo penal de ‘Cohecho y Tráfico de Influencias’
El cohecho se define, generalmente, como la acción de ofrecer, dar o recibir bienes o servicios a cambio de la realización de un acto en el que se ejerce una función pública. El tráfico de influencias, por otro lado, implica la actuación de un particular que, sin tener un cargo público, ya sea mediante su posición o contactos, intercede inapropiadamente en un acto administrativo o en la toma de decisiones del Estado. La complejidad de estos tipos penales se ve exacerbada en el ámbito de la contratación estatal, donde la línea entre la gestión normal de relaciones comerciales y la corrupción puede ser difusa.
Un análisis de estos tipos penales revela que su aplicación contra contratistas privados, en particular, debe realizarse con escrupuloso cuidado. Es crítico que la Fiscalía demuestre no solo la existencia del acto indebido sino también el nexo causal entre el mismo y la conducta de los agentes estatales involucrados. Sin esta conexión, la imputación carece de fundamento sólido y se convierte en un ejercicio de mera especulación.
La defensa debe centrarse en demostrar que, en muchos casos, los actos de los contratistas fueron parte de prácticas normalizadas y no necesariamente ilícitas. Para ello, es esencial presentar un marco de referencia respecto a la ética empresarial y la práctica habitual en la contratación pública.
2. El Dolo no se Presume en la Contratación Estatal
Dentro del marco del derecho penal, el dolo se refiere a la intención deliberada de cometer un delito. En el contexto de la contratación estatal, que está caracterizada por sus complejidades y particularidades, el dolo no se presume. Es crítico argumentar que la mera existencia de un contrato entre un privado y el Estado no es suficiente para inferir un comportamiento doloso.
El principio de presunción de inocencia juega un papel crucial en este punto. Por lo tanto, debe ser la Fiscalía la que demuestre, más allá de toda duda razonable, la intención de llevar a cabo actos corruptos. En este sentido, la defensa deberá emplear todas las herramientas legales disponibles para desafiar la veracidad de los hechos atribuidos, enfatizando la ausencia de pruebas que demuestren el conocimiento y la voluntad de actuar de manera ilícita por parte del acusado.
3. Teoría del Riesgo Permitido en la Ejecución de Presupuestos Públicos
La Teoría del Riesgo Permitido emerge como una defensa potente en el contexto de la ejecución de presupuestos públicos. Esta teoría sugiere que hay ciertos riesgos asociados a la administración pública que son permitidos y que han sido normativamente aceptados, siempre y cuando las acciones empresariales se realicen dentro de los marcos legales establecidos.
En práctica, esto significa que un contratista que actúa de buena fe, cumpliendo con sus obligaciones contractuales y observando la ley, no puede ser penalmente responsabilizado por resultados adversos inherentes al ambiente de la contratación pública. Así, la defensa puede argumentar que la responsabilidad penal no debe aplicarse a aquellos que operan en un marco de riesgo normal, y que las decisiones tomadas por funcionarios públicos son, en efecto, parte del juicio político administrativo, no del ámbito penal.
Este enfoque enfatiza que las decisiones de política pública, en ocasiones, conllevan riesgos que son aceptables dentro de su naturaleza. Por ende, un contratista no puede ser culpable por las implicaciones que surgen de decisiones administrativas, especialmente si actuó conforme a las disposiciones legales.
4. Método Nisimblat Law: Desmontando Peritajes de la Fiscalía
Un aspecto esencial en la defensa de acusaciones de cohecho y tráfico de influencias es la capacidad de desmontar los peritajes presentados por la Fiscalía, que a menudo no están exentos de errores y sesgos. El Método Nisimblat Law se basa en la utilización de contra-peritajes técnicos, que permiten contrarrestar las pruebas de la acusación mediante análisis objetivos y precisos realizados por expertos independientes.
La clave de este método reside en seleccionar peritos cuyo rigor técnico y credibilidad sean incuestionables. Estos expertos deben analizar de manera exhaustiva los informes de la Fiscalía, identificando inconsistencias, supuestos no fundamentados y errores de interpretación técnica. Al presentar un contra-peritaje sólido, la defensa puede generar dudas razonables sobre las afirmaciones de la acusación y crear un escenario en el cual el jurado tenga suficientes motivos para cuestionar la validez de las pruebas presentadas.
Además, es fundamental que la defensa contemple no solo el aspecto técnico del peritaje, sino también su interpretación en el contexto social y administrativo. Un peritaje que no considere la práctica habitual en la contratación estatal o que base sus conclusiones en premisas equivocadas o parciales no puede ser tomado como un fundamento sólido para la culpabilidad.
Conclusión
La defensa penal ante cargos de cohecho y tráfico de influencias presenta retos significativos, especialmente en el contexto de los contratistas privados y sus interacciones con el Estado. La construcción de una defensa sólida requiere no solo un conocimiento profundo de la normativa y los tipos penales, sino también la implementación de estrategias adecuadas que pongan en duda las presunciones de culpabilidad.
La discusión sobre la naturaleza del dolo en la contratación estatal, la teoría del riesgo permitido, y la aplicación del Método Nisimblat Law son elementos clave en una estrategia defensiva eficaz. En última instancia, la defensa debe centrarse en proteger los derechos fundamentales del acusado, asegurando que se realice un juicio justo y equitativo, en donde la verdad y la justicia prevalezcan sobre las acusaciones infundadas y la presión mediática que a menudo acompaña los casos de corrupción.
MAIKEL NISIMBLAT
Defensa Penal de Altos Dignatarios y Contratistas del Estado
Egresado de la Universidad de los Andes con especializaciones en Harvard y Wharton.
En el complejo escenario de la contratación estatal, la línea entre un error administrativo y un delito de cuello blanco es una construcción técnica.
Defensa de Alto Impacto: Nisimblat Law lidera la defensa en procesos por Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales e Interés Indebido, protegiendo no solo la libertad, sino el patrimonio y la habilitación jurídica de los mayores contratistas de infraestructura y energía en Colombia.
Desvirtuamos la tipicidad penal mediante auditoría forense de planeación contractual y análisis de riesgo corporativo.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación