El derecho penal corporativo ha cobrado una importancia trascendental en los últimos años, especialmente en el contexto de las regulaciones más estrictas en torno al lavado de activos y otros delitos empresariales. Las empresas de infraestructura, debido a la magnitud y complejidad de sus operaciones, son a menudo objeto de un escrutinio más intenso por parte de las autoridades. En este escenario, es esencial comprender el marco jurídico que rige la responsabilidad penal, las obligaciones del representante legal y cómo una adecuada estructura de compliance puede proteger a las empresas de futuros problemas legales. Este análisis se condiciona a la necesidad de defender adecuadamente a nuestros clientes en el entorno jurídico colombiano.
1. Posición de Garante del Representante Legal en Colombia
La figura del representante legal en Colombia es esencial dentro del ámbito del derecho penal corporativo. Este abogado, actuando en representación de la empresa, asume un papel de garante frente a las obligaciones legales de la organización. La posición de garante implica que el representante legal tiene el deber de garantizar que la empresa cumplirá con las normativas legales y así evitar situaciones de riesgo que puedan llevar a la comisión de delitos, como el lavado de activos.
Según la jurisprudencia colombiana, y en particular el Código Penal, el representante legal puede ser imputado no solo por las acciones directas de la empresa, sino también por omisión de deberes, es decir, por no haber implementado las medidas necesarias para prevenir delitos dentro de la organización. Este concepto de omisión se encuentra en el artículo 23 del Código Penal, donde se establece que el que tiene bajo su cuidado una persona o cosa está obligado a evitar el daño, pudiendo resultar penalmente responsable si no lo hace.
En el contexto de la empresa de infraestructura, donde los contratos públicos y las interacciones con diferentes entes estatales son comunes, el representante legal tiene la obligación de asegurarse de que se realicen auditorías, se mantenga transparencia en las operaciones y se implemente un sistema robusto de control interno. Cualquier descuido o falta de vigilancia puede ser interpretado como una falta de diligencia y, en consecuencia, generar responsabilidad penal.
2. Cómo un Sistema de Compliance Real Puede Evitar la Responsabilidad Penal
La implementación de un sistema de compliance efectivo resulta ser la mejor defensa ante eventuales responsabilidades penales. Un sistema de compliance sirve como un conjunto de políticas y procedimientos diseñados para prevenir, detectar y remediar conductas ilícitas dentro de la organización. Esto implica que la empresa no solo debe cumplir con la ley, sino que debe demostrar que ha tomado medidas proactivas para garantizar que no se cometan delitos.
La clave radica en establecer un Código de Ética y Conducta, políticas claras de prevención del lavado de activos, programas de capacitación para los empleados y una sólida estructura de supervisión. En el caso de las empresas de infraestructura, además, se debe hacer énfasis en las particularidades del sector, como la gestión de contratos de obra pública y la interacción con funcionarios del Estado, quienes pueden representar riesgos específicos en términos de corrupción y lavado de activos.
La jurisprudencia ha comenzado a reconocer que las empresas que tienen implementados sistemas de compliance eficientes, que demuestran una cultura de cumplimiento y prevención, pueden exonerarse de responsabilidad penal. Aunque no existe una «garantía» de inmunidad, la evidencia de un sistema de compliance robusto puede ser utilizado en un proceso penal como una circunstancia atenuante o incluso en un eventual acuerdo de culpabilidad con la fiscalía.
Así, el compliance se convierte en un escudo que no solo protege a la empresa de potenciales sanciones, sino que también preserva su reputación, algo invaluable en el ámbito competitivo de la infraestructura.
3. Importancia de la Defensa Técnica desde la Fase de Indagación Preliminar
La defensa técnica en la fase de indagación preliminar es fundamental para proteger los derechos e intereses de una empresa y su representante legal ante acusaciones de delitos como el lavado de activos. En esta etapa, el enfoque proactivo puede ser crucial. Como defensores, debemos tener claro que el éxito de la defensa empieza mucho antes de un juicio formal. Aquí se realizan las primeras diligencias, se recogen pruebas y se determina la dirección que tomará el caso.
Es vital, por tanto, contar con un defensor penal agresivo y bien preparado que pueda intervenir desde el inicio. Este defensor debe ser capaz de identificar y cuestionar cualquier evidencia que se presente en contra de la empresa o del representante legal. Debemos asegurarnos de que se respeten todos los derechos del cliente, desde su derecho a guardar silencio hasta el derecho a una defensa justa.
En este sentido, el defensor debe estar atento a cualquier posible vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento, así como a irregularidades en la recopilación de pruebas. Cuando se detecta una investigación sobre la empresa, es fundamental entender que se está en una carrera contra el tiempo: cada día cuenta para desmantelar los alegatos en contra y proteger la posición del cliente.
La defensa en esta fase debe ser proactiva, incorporando medidas que incluirán la presentación de informes o la disposición de testimonios que refuercen la inocencia del cliente. Además, la asesoría legal temprana puede facilitar la exploración de acuerdos o negociaciones con la fiscalía que eviten el avance de un proceso penal formal.
Es imperativo que el defensor actúe con la agresividad y astucia necesarias para salvaguardar los intereses de la alta gerencia, pues la reputación empresarial y el futuro de la empresa dependen de la eficacia de esta primera línea de defensa.
4. Conclusión
El derecho penal corporativo es una herramienta poderosa que, si se utiliza de manera correcta y estratégica, puede evitar que empresas de infraestructura se enfrenten a serias sanciones penales. La posición de garante del representante legal no es solo una responsabilidad burocrática, sino un compromiso con la legalidad y la ética empresarial. A través de un sistema de compliance robusto, se puede no solo prevenir el delito, sino también demostrar la voluntad de la empresa de operar de manera limpia y transparente.
Por otro lado, cada etapa del proceso penal debe ser manejada con tacto y agilidad, comenzando desde la indagación preliminar. Aquí, la defensa técnica se erige como un baluarte de los derechos del cliente, buscando explorar rutas que puedan liberar a la empresa de responsabilidades penales injustas.
En suma, mientras los entornos regulatorios se tornan cada vez más complejos, la función de los abogados defensores se vuelve más crucial, especialmente en sectores vulnerables, como es el caso de la infraestructura. Con una estrategia bien concebida y la implementación de prácticas de compliance efectivas, las empresas pueden no solo sortear los desafíos legales, sino también fortalecer su compromiso con un futuro limpio y éticamente responsable.
Este análisis no solo es una reflexión sobre el estado actual del derecho penal corporativo, sino un llamado a la acción para todas las empresas que buscan operar con integridad y responsabilidad dentro de un marco legal estricto. La defensa penal proactiva y bien fundada no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad en el mundo empresarial contemporáneo.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Especialista en Defensa Penal Corporativa y Compliance
Abogado de la Universidad de los Andes. En el mundo corporativo de alto nivel, un error administrativo puede convertirse en una imputación penal.
Defensa de Directivos: Nisimblat Law protege la libertad de representantes legales y directivos ante investigaciones de la Fiscalía por delitos contra el orden económico, administración desleal y riesgos derivados de la operación. No solo mitigamos el riesgo, destruimos la teoría del caso de la contraparte mediante estrategia penal de élite.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación