Introducción
El sector petrolero, por su naturaleza altamente regulada y su impacto en la economía global, presenta una serie de complejidades legales que deben ser abordadas con un enfoque meticuloso. En este análisis, profundizaremos en la caducidad de la acción de controversias dentro del ámbito del derecho de petróleos, con especial énfasis en cómo esta figura puede ser impugnada por las Uniones Temporales (UT) que operan en la industria de hidrocarburos. A través de un recorrido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, demostramos cómo el conteo erróneo de términos en los contratos EPC (Engineering, Procurement, and Construction) puede convertirse en una herramienta efectiva para la recuperación de sumas millonarias. Finalmente, abordaremos el conflicto de interés que presentan muchas de las firmas tradicionales del sector petrolero, que suelen abstenerse de demandar a las operadoras, y su impacto en el acceso a la justicia para las UT.
Caducidad de la acción de controversias en el derecho de petróleos
La caducidad de la acción de controversias, entendida como la extinción del derecho a formular pretensiones judiciales por el mero transcurso del tiempo, representa un reto significativo para las Uniones Temporales dentro del sector petrolero. Esta figura puede operar de modo que perjudique a aquellas UT que, por diversas razones, no logran actuar dentro del límite temporal establecido.
El Consejo de Estado ha desarrollado una línea jurisprudencial relevante al respecto; específicamente, la caducidad es un instituto que busca la estabilidad y seguridad jurídica en las relaciones contractuales, donde el Estado es uno de los partícipes fundamentales. Sin embargo, la aplicación estricta de esta figura puede resultar contraria a los principios de justicia y equidad, especialmente en un sector donde los contratos son extremadamente técnicos y complejos.
El análisis de la caducidad debe ser exhaustivo y considerar la normativa específica del sector petrolero. En este sentido, es primordial identificar si el término de caducidad utilizado se adecúa a las características del contrato de obra pública en hidrocarburos. La ley establece plazos generales, pero estos pueden ser modificados en virtud de circunstancias excepcionales, como podrían ser situaciones de fuerza mayor o vicios en el conteo de términos promovidos por los actos administrativos del Estado.
Jurisprudencia del Consejo de Estado
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha subrayado la necesidad de un análisis cuidadoso en cuanto a la caducidad, permitiendo excepciones en circunstancias en que se presenten defectos de forma o sustancia en la notificación de los actos que pretenden dar inicio al cómputo del término. En el sector petrolero, los contratos suelen tener múltiples adendas, modificaciones y suspensiones que pueden dificultar el conteo adecuado de los plazos. Por tanto, es indispensable que las UT adopten un enfoque estratégico en la gestión de sus acciones, propiciando la impugnación de esta caducidad cuando se den situaciones que imposibiliten el ejercicio del derecho.
Además, las UT deben llevar un registro meticuloso de todos los actos administrativoss y correspondencias que establezcan relación con sus acciones. Cualquier irregularidad en este proceso podría ser capitalizada en su defensa al demandar la nulidad de la caducidad.
Conteo erróneo de términos en contratos EPC
En la industria de los hidrocarburos, los contratos EPC son fundamentales para la ejecución de proyectos complejos que requieren una perfecta sincronización entre ingeniería, adquisición y construcción. Sin embargo, el conteo erróneo de los términos en estos contratos puede dar lugar a situaciones en las que las UT no solo pierden la posibilidad de reclamar derechos, sino que, además, podrían dejar de recibir compensaciones millonarias que les corresponden.
La jurisprudencia ha reconocido que los términos para la caducidad deben calcularse de manera precisa y que errores en la interpretación o ejecución de los contratos pueden dar lugar a la impugnación de los plazos de caducidad. Por ejemplo, si una UT ha sido notificada erróneamente del incumplimiento por parte de la operadora, su derecho a reclamar indemnizaciones puede verse gravemente afectado. La prescripción y la caducidad no deben servir como mecanismos de impunidad para las contratistas que incumplen sus obligaciones.
Por ende, un ejercicio detallado y riguroso del conteo de los plazos es vital para las UT. La identificación de errores en el conteo no solo da fe de la negligencia administrativa por parte de los entes públicos, sino que, además, otorga una base robusta para la supra-utilización de la reclamación. De este modo, las UT pueden plantear acciones ante el Consejo de Estado con el fin de revertir la caducidad y reclamar por los daños y perjuicios que se estiman en suma millonaria.
Conflicto de interés y falencias en la industria
Uno de los principales flagelos del sector petrolero es el evidente y persistente conflicto de interés que enfrentan muchas de las firmas tradicionales que operan en este ámbito. Estas firmas, en su mayoría, mantienen relaciones de cercanía con las operadoras y, por ende, se encuentran en una posición comprometida que puede influir en su decisión de no demandar. Este comportamiento alimenta una cultura de impunidad que repercute negativamente en la justicia que deben recibir las Uniones Temporales.
El conflicto de interés se manifiesta en múltiples niveles; no solo se limita a la decisión de no demandar, sino que también abarca la falta de representación adecuada de las UT en los procesos de negociación, lo que les deja sin un verdadero acceso a la justicia y, en consecuencia, a la suficiente recuperación de las sumas adeudadas por las operadoras. El escenario se convierte en un ciclo, donde la falta de acciones legales por parte de estos bufetes consolida el poder de las operadoras, perpetuando situaciones de desigualdad y de abuso sistemático.
Es responsabilidad de quienes operan dentro de la industria de hidrocarburos no solo abogar por sus derechos, sino también por la implementación de prácticas comerciales éticas que favorezcan la transparencia. La creación de alianzas estratégicas que les permitan a las UT operar de manera más eficiente para litigar sus derechos es vital y, por ende, un cierre a este conflicto de interés puede sentar precedentes positivos e ineludibles en el ámbito del derecho de petróleos.
Conclusiones
El derecho de petróleos, en su función de regular las actividades de las UT y de las operadoras dentro del sector de hidrocarburos, necesita una reevaluación constante en función de la equidad y la justicia. La caducidad de la acción de controversias es un instrumento que, aunque tiene su razón de ser en la seguridad jurídica, no debe ser utilizado como una herramienta para despojar a las UT de sus derechos.
Éstas deben estar al tanto de las implicaciones legales de sus acciones y contar con asesorías efectivas que les permitan impugnar la caducidad cuando se presenten irregularidades en el conteo de términos en contratos EPC. Asimismo, es imprescindible propiciar un cambio cultural dentro del sector, donde los conflictos de interés sean denunciados y donde las UT puedan organizarse para tener un acceso real a la justicia. La lucha por derechos equitativos y el establecimiento de un marco jurídico que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas son elementos claves para transformar la industria de hidrocarburos en un entorno más justo y equilibrado.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Experto en el Sector Petrolero e Hidrocarburos
Abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de Petróleos.
Nuestra firma lidera el litigio de alta cuantía en el Sector Petrolero, enfocándose en la nulidad de liquidaciones unilaterales que asfixian a las Uniones Temporales.
Independencia Total: No asesoramos operadoras, lo que nos permite demandar la inoponibilidad de sus manuales de contratación, garantizando el flujo de caja que las firmas con conflictos de interés no pueden defender.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación