Introducción
El derecho penal, en su forma más rigurosa, se convierte en un instrumento de control social y administrativo que, a menudo, puede ser malinterpretado o mal utilizado. Al abordar el caso de los contratos sin cumplimiento de requisitos legales, se deben entender tanto el marco jurídico como las estrategias defensivas que permiten a los acusados proteger sus derechos. Este tratado se propone erradicar la confusión en torno a este tipo penal, explorar la falta de presunción de dolo en la contratación estatal, examinar la ‘Teoría del Riesgo Permitido’ y proporcionar una guía sobre cómo desmantelar los peritajes de la Fiscalía mediante un método técnico elaborado.
1. Análisis del tipo penal de ‘Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales’
El tipo penal conocido como ‘Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales’ se encuentra tipificado en diversas legislaciones como delito administrativo o penal, dependiendo del contexto jurídico del país en cuestión. Este tipo penal se enfoca en la celebración de contratos en el ámbito público sin observar los requisitos establecidos por la ley, los cuales son fundamentales para garantizar la transparencia y el correcto uso de recursos públicos. La implicación más preocupante de este delito radica en el potencial perjuicio al erario y la afectación de la confianza pública en las instituciones.
La aplicación de este tipo penal contra contratistas privados suele surgir en escenarios donde se plantea la existencia de evidencia insuficiente que demuestre el cumplimiento de la normativa legal. La carga de la prueba, por lo tanto, recae en el Estado, quien debe demostrar que el contratista ha incurrido en falta. En este punto, la defensa puede construir una sólida estrategia que no solo refute los hechos alegados, sino que también demuestre la integridad del proceso contractual y la falta de intencionalidad del acusado.
La defensa técnica en estos casos debe apegarse a tres ejes fundamentales: el análisis del cumplimiento de los requisitos legales, la prueba de la eficacia de los mecanismos de control interno y la justificación del actuar dentro del marco de la buena fe contractual. De este modo, se busca presentar al acusado como un agente que actúa conforme a la ley y a las normas diarias del comercio, más que como un delincuente en el sentido jurídico.
2. Por qué el dolo no se presume en la contratación estatal
En el ámbito de la contratación estatal, es esencial entender que la figura del dolo no puede ser considerada de manera automática o presumida. La razón fundamental tras esta afirmación radica en el reconocimiento de las particularidades inherentes a los procesos de contratación pública y la seria consecuencia que conllevan las acusaciones en este contexto.
A diferencia de otros delitos donde la intención del autor puede evaluarse de forma más directa, en los procesos contractuales, los actores suelen actuar en contextos complejos y transparentes que implican múltiples partes interesadas y un amplio marco regulatorio que, muchas veces, deja espacio para la interpretación y el cumplimiento de los ciertos requisitos. Estas circunstancias hacen que la intencionalidad, o el dolo, deba ser probada de manera fehaciente por parte de la Fiscalía.
La defensa también puede argumentar que, en muchos casos, errores en el cumplimiento de requisitos legales pueden ser el resultado de una interpretación errónea o de la influencia de asesorías externas, en lugar de un acto intencionado de engaño. Esta argumentación se convierte en un pilar fundamental para desvirtuar la imputación de dolo, permitiendo establecer que la voluntad del contratista no estaba orientada a vulnerar la ley, sino a cumplir con sus contratos bajo la estricta creencia de que actuaba en condición de legalidad.
3. La ‘Teoría del Riesgo Permitido’ en la ejecución de presupuestos públicos
Un aspecto crucial en la defensa de casos relacionados con el ‘Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales’ es la comprensión de la ‘Teoría del Riesgo Permitido’. Esta teoría se erige como una defensa base que postula que los agentes públicos y privados que participan en la ejecución de contratos estatales deben asumir ciertos riesgos inherentes a la administración pública. La idea central es que, dentro de un marco de buena fe, el incumplimiento de requisitos legales no siempre debería ser conceptualizado como un delito si no queda demostrado que hubo intencionalidad en el daño.
La aplicación de esta teoría en la práctica implica que, si bien los requisitos legales son esenciales, no todos los errores son susceptibles de ser penalizados automáticamente. La teoría se fundamenta en el reconocimiento de que el escenario de la administración pública está lleno de incertidumbres y que algunos incumplimientos pueden ser trivializados como errores de hecho, que pueden y deben ser subsanados sin una carga penal.
Utilizando esta línea argumentativa, la defensa debe presentar un enfoque proactivo que mostré cómo el acusado actuó de manera diligente y profesional, y cómo las decisiones adoptadas, aunque podrían haber tenido un impacto en el estricto cumplimiento de los requisitos legales, estaban dentro de los márgenes permitidos por la administración pública.
4. Método de Nisimblat Law para desmontar peritajes de la Fiscalía mediante contra-peritajes técnicos
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la defensa en casos de ‘Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales’ es el uso de peritajes técnicos a favor de la Fiscalía. La evidencia pericial puede ser la piedra angular de la acusación, sin embargo, a través del método de Nisimblat Law, existe un enfoque estratégico para desmantelar dicha evidencia.
El primer paso del método consiste en una revisión meticulosa del peritaje presentado por la Fiscalía. Es fundamental identificar cualquier fallo metodológico, sesgos o carencias en la recolección de datos. El segundo paso implica la contratación de expertos independientes cuya labor es realizar contra-peritajes que contrasten con las afirmaciones periciales iniciales. La validez de estos expertos no solo debe basarse en su experiencia, sino que también deben mantener un prestigio que les otorgue credibilidad ante el tribunal.
En un tercer paso, la defensa debe preparar una presentación sólida que analice los resultados de los contra-peritajes, destacando las diferencias significativas en las conclusiones alcanzadas. Además, es crucial articular el razonamiento que condujo a estos resultados y cómo, a la luz de la evidencia, el acusado no puede ser asociado a actos delictivos.
Por último, la defensa debe estar preparada para enfrentar cualquier contrargumento que surja de la Fiscalía, siendo capaz de atribuir una perspectiva técnica y científica que valide la integridad de sus interrogantes.
Conclusión
En el ámbito del derecho penal, y más específicamente en relación con la figura del ‘Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales’, se presenta un campo fértil tanto para la acusación como para la defensa. Sin embargo, es esencial que los abogados defensores adopten una postura estratégica que no solo deconstruya los argumentos de la Fiscalía, sino que también presente de manera sólida los principios de legalidad, buena fe y el riesgo permitido.
Para los contratistas privados, la persuasión mediante la defensa técnica puede ser la diferencia entre una condena ruinosa y un veredicto de absolución. En este sentido, el abordaje del derecho penal no solo debe ser visto como un ejercicio de litigio, sino como una oportunidad para reafirmar los principios de justicia y equidad dentro del contexto del ejercicio profesional privado y la administración pública. En el mundo del derecho penal de élite, la estrategia y la argumentación técnica son las armas que permiten mantener la dignidad y el respeto debido.
MAIKEL NISIMBLAT
Defensa Penal de Altos Dignatarios y Contratistas del Estado
Egresado de la Universidad de los Andes con especializaciones en Harvard y Wharton.
En el complejo escenario de la contratación estatal, la línea entre un error administrativo y un delito de cuello blanco es una construcción técnica.
Defensa de Alto Impacto: Nisimblat Law lidera la defensa en procesos por Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales e Interés Indebido, protegiendo no solo la libertad, sino el patrimonio y la habilitación jurídica de los mayores contratistas de infraestructura y energía en Colombia.
Desvirtuamos la tipicidad penal mediante auditoría forense de planeación contractual y análisis de riesgo corporativo.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación