La defensa de los activos de una empresa se ha convertido en un tema crítico en el entorno jurídico-financiero actual. Los propietarios y gerentes deben estar al tanto de los instrumentos legales que les permiten proteger sus bienes y su actividad productiva. En este análisis, me enfocaré en la Ley 1708 de 2014, conocida como el Código de Extinción de Dominio, y su impacto en las gestiones jurídicas frente a secuestros y embargos. Además, explicaré cómo en Nisimblat Law reconstruimos la contabilidad de hace 20 años para probar la licitud del origen de los fondos y abordaremos la problemática de la ‘presunción de ilicitud’ aplicada por la Fiscalía. Por último, se resaltará la importancia de proteger la empresa como unidad productiva conforme al artículo 333 de la Constitución de nuestro país.
1. Análisis de la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio)
El Código de Extinción de Dominio, establecido mediante la Ley 1708 de 2014, presenta un fundamento jurídico que tiene un carácter real, lo cual implica que la extinción del dominio se aplica directamente sobre los bienes, independientemente de su titularidad. Este enfoque real en la normativa es crucial, pues se concentra en el objeto, el mismo bien que se presume ha sido adquirido o utilizado en la ejecución de actividades ilícitas, sin requerir una relación directa con la persona, lo cual deriva en una mayor vulnerabilidad para los propietarios de bienes.
La Ley establece un procedimiento que busca despojar a los individuos o entidades de la propiedad de activos considerados generadores de riqueza ilícita. La carga de la prueba recae en el Estado, que debe demostrar la ilicitud de los bienes. No obstante, la realidad ha mostrado que las presunciones de ilicitud muchas veces son aplicadas de manera arbitraria, afectando así a propietarios que justifican con documentación adecuada el origen legítimo de sus activos.
Como propietarios y gerentes, es fundamental conocer las implicaciones de esta ley, ya que no solo crea un riesgo de pérdida de activos, sino que también altera la percepción de legitimidad sobre la procedencia de los mismos. Ahí es donde la prueba contable se vuelve una herramienta vital en la defensa de activos.
2. Reconstrucción de la contabilidad de hace 20 años
En Nisimblat Law, entendemos que la reconstrucción contable puede ser el salvavidas de los propietarios y gerentes que enfrentan embargos o secuestros de sus activos. Este trabajo no es sencillo; implica una exhaustiva recolección y análisis de documentos contables, registros bancarios y cualquier otra evidencia que pueda respaldar la historia financiera de la empresa a lo largo de los últimos 20 años.
El objetivo es demostrar la ilicitud de la acusación y ofrecer pruebas contundentes que certifiquen la procedencia y el uso legal de los recursos utilizados en la actividad económica. A menudo, la contabilidad no solo debe demostrar la licitud del origen de los fondos, sino también la viabilidad y sostenibilidad del modelo de negocio en el tiempo, algo que es esencial para establecer la legitimidad de la actividad.
Esta reconstrucción puede incluir informes de auditoría, declaraciones de impuestos, extractos bancarios y testimonios de terceros que corroboren la actividad comercial legítima. El papel del contable es fundamental aquí, ya que debe garantizar que cada documento presentado cumpla con los requisitos legales pertinentes y pueda ser aceptado en un tribunal.
La capacidad de demostrar que los activos en cuestión tienen un origen legítimo y un uso lawful es crucial para contrarrestar la presumción de ilicitud establecida en la Ley 1708.
3. Ataque a la ‘presunción de ilicitud’
La ‘presunción de ilicitud’ que aplica la Fiscalía genera una gran preocupación en el ámbito jurídico-financiero. Esta presunción se convierte en un arma de doble filo, ya que hace que cualquier dueño de activos se vea obligado a justificar su origen frente a la autoridad, incluso con pruebas fehacientes de la legalidad de su patrimonio.
En muchos casos, esta carga recae injustamente sobre el propietario, quien es tratado como culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esta práctica carece de equidad, ya que desvirtúa el principio de presunción de inocencia. En lugar de presuponer la legalidad de los activos hasta que se demuestre lo contrario, se asume su ilicitud, lo que puede llevar a la confiscación arbitraria de bienes.
Desde nuestra perspectiva en Nisimblat Law, es esencial combatir esta presunción. Abogamos por una revisión crítica de la aplicación de la ley, donde la Fiscalía deba presentar elementos de prueba que justifiquen la intervención sobre activos, en lugar de imponer una carga que puede resultar insostenible para los propietarios legítimos. La colaboración de expertos contables en la reconstrucción de la contabilidad y la presentación de pruebas objetivas debe ser considerada como un principio fundamental en este proceso.
4. Protección de la empresa como unidad productiva (artículo 333 de la Constitución)
El artículo 333 de la Constitución establece que la propiedad privada es inviolable y que el Estado debe protegerla. Además, menciona que la actividad económica debe estar orientada al bien común, lo que implica que la protección de los activos no es solo una cuestión de defensa personal, sino también de garantizar la continuidad de la producción y el empleo.
La extinción del dominio y el posterior secuestro de activos puede tener consecuencias graves no solo para el propietario, sino también para la comunidad a la que sirve la empresa. El peso de la responsabilidad social debe ser valorado, y la continuidad de la actividad económica es un componente vital para el desarrollo y bienestar social.
Los propietarios y gerentes deben ser conscientes de su derecho constitucional a la defensa de sus activos, pero también del deber que tienen de proteger la unidad productiva. Mediante la correcta gestión de sus recursos y el cumplimiento de las normativas tributarias y laborales, pueden fortalecer su posición ante un eventual caso de secuestro o embargo.
La colaboración entre los propietarios, contadores y asesores legales debe ser un enfoque integral para preservar no solo los activos personales, sino también la estructura empresarial y la capacidad de generar empleo y riqueza.
Conclusiones
En conclusión, el análisis jurídico-financiero de la Ley 1708 de 2014 revela un escenario complejo y desafiante para los propietarios y gerentes de empresas. La naturaleza real de la ley, el ataque a la ‘presunción de ilicitud’ y la importancia de la contabilidad como prueba son elementos clave que deben ser considerados en la defensa de los activos.
La reconstrucción contable de la licitud del origen de los fondos es una herramienta poderosa que, si se utiliza adecuadamente, puede servir como defensa efectiva ante la normativa de extinción de dominio. Además, la protección de la empresa como unidad productiva, en línea con el artículo 333 de la Constitución, resalta la necesidad de una aproximación integral que no solo considere la defensa de activos, sino la continuidad de la actividad económica y su impacto en la comunidad.
Así, en Nisimblat Law, resaltamos la importancia de contar con un equipo legal y financiero competente que acompañe a los propietarios y gerentes en la gestión de sus activos, asegurando no solo su protección, sino su adecuado uso en la promoción del bien común. En un mundo donde la propiedad y la justicia deben coexistir, es vital que los gerentes y propietarios se ararmen de conocimiento y estrategia para navegar por el intrincado sistema legal que rodea a la defensa de activos.
MAIKEL NISIMBLAT
Estratega en Defensa de Activos y Extinción de Dominio
Abogado de la Universidad de los Andes con formación en Wharton (Finance).
La verdadera batalla penal moderna no es solo por la libertad, es por el Patrimonio. En Nisimblat Law, somos especialistas en desvirtuar la procedencia ilícita de bienes mediante rastreo forense de capitales y reconstrucción histórica de flujos lícitos.
Blindaje Patrimonial: Representamos a empresarios y terceros de buena fe exenta de culpa en procesos ante la Fiscalía de Extinción de Dominio y la SAE, garantizando la recuperación de bienes incautados y la protección de la propiedad privada frente a interpretaciones erróneas del Estado.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Respnsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación