1. Análisis de la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio) y su carácter real, no personal
La Ley 1708 de 2014, conocida popularmente como el Código de Extinción de Dominio, establece un marco normativo que permite el decomiso de bienes en favor del Estado cuando su origen no puede ser legítimamente justificado. Esta ley se fundamenta en principios de derecho consuetudinario y tiene un carácter eminentemente real, lo que implica que actúa sobre los bienes en sí, más que sobre la persona que detenta la propiedad. Esto se traduce en que la extinción de dominio puede ser promovida sin que necesariamente se configure la responsabilidad penal del propietario, es decir, la propiedad puede ser afectada independientemente de si el propietario es considerado culpable de algún delito.
El artículo 1 de la Ley establece su objetivo de recuperar para el Estado bienes obtenidos mediante actividades ilícitas, vinculando así la propiedad a la necesidad de garantizar el interés público. Este enfoque, sin embargo, plantea importantes interrogantes sobre la presunción de ilicitud que generalmente se asocia al patrimonio de los individuos, lo que puede potenciar un clima de inseguridad que afecta a propietarios y empresarios. En este sentido, el desafío que enfrenta cualquier propietario o gerente es demostrar la licitud de los activos frente a lo que la legislación presume de manera general.
La naturaleza real de esta ley implica que la acción puede ser provocada por el hecho de que el bien en cuestión se asocie a actividades ilícitas, sin considerar la imputación de un comportamiento del propietario como necesario. Este aspecto del código establece un desafío jurídico considerable, ya que los propietarios de grandes patrimonios deben prepararse para contrarrestar la presunción de ilicitud que, en muchos casos, puede estructurarse de manera arbitraria. Por consiguiente, es crucial que estos defensores del patrimonio se mantengan al tanto de los fundamentos de la Ley 1708 de 2014 y se aposenten en un marco defensivo sólido.
2. Reconstrucción de la contabilidad por Nisimblat Law para probar la licitud del origen de los fondos
El enfoque desarrollado por Nisimblat Law se centra en la reconstrucción exhaustiva de la contabilidad empresarial que puede retroceder hasta 20 años. Este proceso es crucial para establecer la licitud del origen de los fondos y contrarrestar las acusaciones que derivan del incremento patrimonial injustificado. La capacidad de demostrar la legítima actuación económica se convierte en un pilar clave para responder a los embates de la Extinción de Dominio.
La reconstrucción contable implica un análisis detallado de registros financieros, libros contables, contratos y cualquier documentación que valide la procedencia de los recursos económicos. Nisimblat Law pone en relevancia no solo la necesidad de presentar estados financieros actuales, sino también de validar la historia financiera de la empresa a lo largo de 20 años, creando un marco holístico que respalda la legitimidad del patrimonio. Esto también incluye el uso de pruebas periciales y auditorías forenses que pueden establecer redes financieras complejas, permitiendo así desmentir la presunción de ilicitud.
Asimismo, este enfoque permite identificar actividades legítimas que puedan no estar reflejadas en la contabilidad básica, abriendo la puerta a la valorización de activos intangibles, capital humano y otros componentes que amplían la imagen de la compañía y la fortaleza de su patrimonio. La argumentación legal hecha a partir de esta reconstrucción contable asienta la defensa no solo en un contexto jurídico, sino también en un marco financiero donde se puede exhibir la prosperidad de la empresa como resultado de la actividad lícita.
3. Crítica a la ‘presunción de ilicitud’ aplicada por la Fiscalía
La presunción de ilicitud que a menudo caracteriza las acciones de la Fiscalía en el contexto del proceso de Extinción de Dominio ha sido objeto de críticas por su carácter arbitrario y por la falta de una base probatoria sólida que justifique dicho enfoque. Esta presunción se establece a menudo sin un examen exhaustivo de la realidad patrimonial del sujeto, lo cual no solo afecta el derecho de propiedad consagrado en el ordenamiento jurídico, sino que puede desincentivar la inversión y el emprendimiento.
Desde un punto de vista jurídico, esta práctica va en contra de los principios del debido proceso y el derecho a la defensa. La onerosa carga que recae sobre el propietario de un patrimonio no solo es injusta, sino que también va en contra del principio de inocencia. La falta de una regulación clara que limite el rango de acción de la Fiscalía en estos casos crea un clima de incertidumbre que puede ser destructivo para las empresas, particularmente para aquellas que operan en sectores sensibles o bajo alta supervisión.
Por todo esto, es fundamental que los propietarios puedan presentar una defensa robusta que desvirtúe esta presunción de ilicitud, apoyándose no solo en la reconstrucción contable que ofrece Nisimblat Law, sino también en el establecimiento de parametrizaciones legales que permitan cuestionar los métodos de la Fiscalía. Los magistrados y jueces, en este sentido, deben ser cautelosos al examinar las pruebas presentadas y evitar ser cómplices de un sistema que se sostiene sobre presunciones infundadas. La oposición a esta forma de proceder resulta esencial para salvaguardar no solo los derechos de propiedad, sino también la estabilidad del sistema económico en general.
4. Protección de la empresa como unidad productiva (artículo 333 de la Constitución)
La Constitución Política de un país protege el derecho de propiedad y, en particular, resalta la importancia de la empresa como una unidad productiva y motor de desarrollo económico. El artículo 333 de la Constitución establece que la propiedad privada es inviolable y que la actividad económica es libre. Por consiguiente, cualquier acción que comprometa la integridad de una empresa o su patrimonio debe analizarse teniendo en cuenta no solo la normatividad vigente, sino también el marco constitucional.
En este sentido, la defensa de los derechos patrimoniales debe ir acompañada de argumentos que resalten la función social de la empresa. Argumentar que la extinción de dominio no solo afecta el patrimonio de un individuo, sino que también repercute en la creación de empleo, el flujo de inversiones y el desarrollo local es esencial para destacar la dimensión del perjuicio que esta acción podría provocar.
Desde una perspectiva jurídico-financiera, defender la empresa como unidad productiva implica demostrar su relevancia en la cadena de valor y el impacto social positivo que produce. Esto puede incluir la presentación de estudios de mercado, análisis económicos y proyecciones que evidencien la sostenibilidad de la compañía y su contribución al bienestar general. De esta forma, se fortalece la argumentación de que el patrimonio en discusión es un activo que debe permanecer en la esfera del derecho privado, no solo para salvaguardar los intereses de un propietario, sino para garantizar la continuidad de la actividad productiva y, por ende, del progreso social.
Conclusión
En un contexto donde el riesgo de Extinción de Dominio por Incremento Patrimonial Injustificado se ha vuelto una preocupación creciente para propietarios y gerentes, es crucial contar con una defensa sólida y bien estructurada. La Ley 1708 de 2014 presenta un marco que, a pesar de su legitimidad, aboga por la desconfianza hacia el patrimonio de los individuos. La reconstrucción de la contabilidad por parte de firmas como Nisimblat Law ofrece una herramienta poderosa para demostrar la licitud de los fondos.
Asimismo, es imperativo cuestionar la presunción de ilicitud que se ha vuelto común en la actuación de la Fiscalía, recordando la importancia del debido proceso en toda acción judicial. Finalmente, al reivindicar la protección de la empresa como unidad productiva bajo el artículo 333 de la Constitución, se pueden edificar argumentos que no solo salvaguarden el patrimonio individual, sino que también contribuyan al interés público y al desarrollo económico.
En resumen, para los propietarios y gerentes que se encuentran en esta disyuntiva, se recomienda prepararse de manera proactiva contra acciones potencialmente arbitrarias, apoyándose en el marco jurídico actual y armándose de herramientas financieras y contables que refuercen su defensa. La preservación del derecho a la propiedad y a la actividad económica es una tarea que no solo debe ser asumida por el individuo, sino también por todos los actores involucrados en el sistema jurídico y económico de un país.
MAIKEL NISIMBLAT
Estratega en Defensa de Activos y Extinción de Dominio
Abogado de la Universidad de los Andes con formación en Wharton (Finance).
La verdadera batalla penal moderna no es solo por la libertad, es por el Patrimonio. En Nisimblat Law, somos especialistas en desvirtuar la procedencia ilícita de bienes mediante rastreo forense de capitales y reconstrucción histórica de flujos lícitos.
Blindaje Patrimonial: Representamos a empresarios y terceros de buena fe exenta de culpa en procesos ante la Fiscalía de Extinción de Dominio y la SAE, garantizando la recuperación de bienes incautados y la protección de la propiedad privada frente a interpretaciones erróneas del Estado.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación