Introducción
La dinámica del sistema penal en Colombia, especialmente en lo que respecta a la extinción de dominio, ha ido evolucionando, generando grandes retos para propietarios y gerentes de empresas. En el contexto de la Ley 1708 de 2014, que regula el Código de Extinción de Dominio, se presenta la figura del “tercerista de buena fe”, cuya protección y defensa se vuelve esencial en el vertiginoso mundo de la recuperación de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Este análisis jurídico-financiero busca ofrecer un panorama de la ley en cuestión, las estrategias pertinentes para la defensa de los derechos de propiedad y la importancia de demostrar el origen lícito de los fondos en un contexto de creciente presunción de ilicitud.
1. Análisis de la Ley 1708 de 2014: Carácter Real, no Personal
La Ley 1708 de 2014 establece un marco normativo enfocado en la extinción de dominio como una medida que trasciende la naturaleza personal, asumiendo un carácter esencialmente real. Es decir, el sistema no se concentra en la persona del dueño de los bienes, sino en la relación que estos poseen con actividades ilícitas. Esta real naturaleza evoca una severa preocupación, puesto que implica que los bienes pueden ser objeto de extinción incluso en ausencia de evidencia directa de culpabilidad del propietario.
La Ley 1708 funciona bajo el principio de que el bien es el eje de la acción, logrando la extinción de dominio sin necesidad de condena penal a quien ostenta su propiedad. Esto tiene implicaciones directas sobre las empresas que, sin ser parte en actos delictivos, pueden verse sometidas a procesos de confiscación. En este contexto, el rol del tercerista de buena fe cobra relevancia, ya que busca proteger aquellos bienes adquiridos sin conocimiento del origen ilícito de los mismos.
Pese a los desafíos que presenta esta ley, la figura del tercerista de buena fe sirve como una barrera de protección. La ley contempla la posibilidad de que aquellos que adquieran bienes de manera legítima puedan demostrar, en el marco legal, que actuaron sin dolo ni intención de contribuir a la actividad delictiva. Este aspecto es crucial en el análisis de la recuperación de bienes, dado que puede variar enormemente la forma en que se manejan los patrimonios durante un proceso legal.
2. Reconstrucción contable: El papel de Nisimblat Law
En el contexto actual, donde la presunción de ilicitud puede afectar gravemente la reputación e integridad de los empresarios, la labor de Nisimblat Law se centra en la reconstrucción de la contabilidad de los últimos 20 años. Este proceso no solo busca evitar la extinción de dominio, sino también demostrar la licitud del origen de los fondos. La evidencia contable se convierte en un eje central de defensa y se presenta de manera organizada y estructurada para poder justificar la procedencia de los activos ante las autoridades competentes.
Este trabajo requerirá un esfuerzo multidimensional que incluye la recolección de documentación histórica, auditorías detalladas y elaboración de informes que demuestren el flujo financiero legítimo de las empresas. La contabilidad se perfila no solo como un sistema de registro, sino como un medio de defensa ante las arbitrariedades de las acusaciones. A través de esta reconstrucción, se evidencia que los empresarios efectúan transacciones que, a pesar de lo que pudiera pensarse bajo la óptica de la sospecha, pueden estar respaldadas por orígenes lícitos.
La habilidad de Nisimblat Law de reproducir el tránsito de los recursos a lo largo de dos décadas fortalece la defensa del empresario y genera una respuesta concreta a la fiscalía. Al presentar un informe contable que ilustra la legalidad de las actividades económicas, se deben ofrecer no solo datos y cifras, sino también narrativas que contextualicen cada transacción ante un jurado o en un ambiente de investigación.
3. Oponerse a la presunción de ilicitud
Una de las críticas más severas que atañen al sistema de extinción de dominio en Colombia es la presunción de ilicitud que a veces se aplica de manera arbitraria por parte de la Fiscalía. La carga de prueba no debería recaer en el ciudadano que busca recuperar derechos sobre sus bienes, sino que deberían ser las autoridades quienes demuestren el origen de la ilicitud en lugar de asumirla por default. Esta inversión de la carga probatoria puede llevar a la pérdida injusta de activos y puede desmotivar a empresarios y emprendedores a invertir y desarrollar sus actividades en un entorno que, legalmente, debería protegerles.
La presunción de ilicitud ignora reglas fundamentales del derecho penal, como el principio de inocencia y el debido proceso. En la actualidad, existe el riesgo inminente de que un tercerista de buena fe se vea arrastrado por la denuncia de un activo mal adquirido, sin haber participado directamente en el delito. Esto lleva no solo a la pérdida del bien, sino a un perpetuo estigma que puede afectar la operatividad de la empresa.
Para contrarrestar esta presunción arrebato, Nisimblat Law debe articular su defensa no solo en el ámbito jurídico, sino también en el financiero. La creación de un marco robusto que evidencie la procedencia de cada activo sirve para cuestionar la validez de la presunción de ilicitud y proporciona una plataforma donde el empresario pueda singularizar sus derechos.
4. Protección de la empresa como unidad productiva
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 333, establece que la propiedad es inviolable y garantiza la protección de la empresa en su funcionamiento como unidad productiva. Este artículo se convierte en un pilar fundamental en la argumentación en defensa de los bienes de los empresarios y se complementa con la Ley 1708, que debe ser interpretada dentro del contexto constitucional.
La empresa no solo es un conjunto de bienes, sino que es un ente dinámico con el potencial de generar empleo, riqueza y desarrollo para su comunidad. En consecuencia, es imperativo que la discusión sobre la extinción de dominio tome en cuenta la misión social y económica de las empresas. La actuación de la SAE debe orientarse hacia el equilibrio entre el interés por erradicar el delito y la necesidad imperativa de proteger los derechos de quienes contribuyen al progreso y la sostenibilidad económica.
El promover la defensa de la empresa y su continuidad además reforzaría la confianza de los inversionistas en el entorno local. En momentos en que la economía se encuentra amenazada por diversas dificultades, asegurar la estabilidad de las entidades productivas se convierte no solo en un objetivo empresarial, sino en un objetivo de política pública.
Conclusiones
La estrategia penal en el ámbito de la recuperación de bienes administrados por la SAE se plantea como un desafío constante para propietarios y gerentes. El análisis de la Ley 1708 de 2014, la reconstrucción de la contabilidad, la crítica a la presunción de ilicitud y la defensa del Derecho a la propiedad, se convierten en herramientas esenciales que deben ser empleadas para proteger los intereses comerciales y, por ende, el estado de bienestar económico del país.
El papel del tercerista de buena fe se perfila, entonces, no solo como un simple mecanismo de salvaguarda de derechos, sino también como un agente que debe ser protegido dentro del marco normativo. Desde la óptica de Nisimblat Law, el compromiso se orienta hacia la defensa de la dignidad empresarial, la búsqueda de justicia y la protección del patrimonio, todo mediante un análisis riguroso y una actuación estratégica y legítima frente a las instancias judiciales.
A medida que el entorno legal continúa evolucionando, será necesario mantener la vigilancia sobre las disposiciones que afectan a los propietarios y gerentes, fomentando una cultura de defensa integral que se base en la transparencia y la legalidad, a la vez que se evitan las arbitrariedades que amenazan las bases del emprendimiento y la propiedad privada. La estrategia legal y financiera debe ser proactiva y dinámica, garantizando así la permanencia y el crecimiento de los activos de aquellos que operan dentro de la legalidad en el país.
MAIKEL NISIMBLAT
Estratega en Defensa de Activos y Extinción de Dominio
Abogado de la Universidad de los Andes con formación en Wharton (Finance).
La verdadera batalla penal moderna no es solo por la libertad, es por el Patrimonio. En Nisimblat Law, somos especialistas en desvirtuar la procedencia ilícita de bienes mediante rastreo forense de capitales y reconstrucción histórica de flujos lícitos.
Blindaje Patrimonial: Representamos a empresarios y terceros de buena fe exenta de culpa en procesos ante la Fiscalía de Extinción de Dominio y la SAE, garantizando la recuperación de bienes incautados y la protección de la propiedad privada frente a interpretaciones erróneas del Estado.
⚖️ Evaluación Legal Especializada — Nisimblat Law
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación