Introducción
La lucha contra la corrupción se ha convertido en una prioridad para los sistemas jurídicos en todo el mundo, y particularmente en Colombia, donde la corrupción privada y el cohecho han sido sujetos de atención por parte del Estado y la sociedad civil. En este contexto, el reto de los litigios penales de élite es la defensa efectiva de altos ejecutivos y representantes legales acusados de delitos complejos. En este análisis, abordaremos la ‘Posición de Garante’ del Representante Legal en Colombia, la función de un sistema de compliance efectivo, la relevancia de la defensa técnica desde la fase de indagación preliminar y, en general, la estrategia que debe adoptar un defensor penal agresivo.
1. La Posición de Garante del Representante Legal en Colombia
La figura del Representante Legal es crucial en la estructura corporativa colombiana. Su rol va más allá de la simple administración de la empresa; se le confiere una ‘posición de garante’, en virtud de la cual es el responsable de la gestión y supervisión de las actividades que realiza la entidad. Conceptualmente, la posición de garante implica que, al tener la facultad de actuar en nombre de la empresa y de tomar decisiones relevantes, el representante legal está en la obligación de proteger los intereses de la compañía y de sus partes interesadas, y, por lo tanto, tiene el deber de impedir la comisión de delitos como la corrupción y el cohecho.
Desde un punto de vista jurídico, esta responsabilidad está enmarcada en el artículo 24 del Código Penal de Colombia, que establece que la comisión de un delito en el seno de una actividad empresarial puede llevar a la atribución de responsabilidad penal al representante legal. Esto significa que el abogado defensor debe demostrar que el representante actuó con la debida diligencia y que cumplió con su deber de proteger a la empresa, evitando así la imputación de comportamiento delictivo.
La defensa debe centrar sus esfuerzos en demostrar que el representante legal no tuvo conocimiento (ni razón para tenerlo) de la conducta delictiva que se le imputa. Para ello, es vital establecer un entorno de control interno que limite las posibilidades de actos de corrupción, así como explicar las decisiones que se tomaron en aras del interés en la gestión de la empresa. Además, es esencial resaltar la dependencia que hay en la actividad de otros empleados y la posibilidad de que estas conductas sean resultado de acciones aisladas y no de una directiva que proviniera del alto mando.
2. Un sistema de Compliance: Prevención de responsabilidad penal
La implementación de un sistema de compliance robusto se ha convertido en una herramienta estratégica fundamental para prevenir la responsabilidad penal en los altos ejecutivos y representantes legales. Este sistema no solo sirve para mitigar riesgos legales, sino que también protege la reputación y la viabilidad financiera de la empresa.
En términos simples, un sistema de compliance incluye políticas y procedimientos diseñados para asegurar que una empresa y sus empleados cumplan con las leyes y regulaciones aplicables, además de promover una cultura ética dentro de la organización. La existencia de un programa de cumplimiento adecuado puede ser defendido en juicio como prueba absoluta de que el representante legal actuó con diligencia y que, por lo tanto, no puede ser considerado responsable penalmente por hechos ilícitos cometidos por otros.
La Ley 1778 de 2016 en Colombia establece un marco legal que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas y contempla la posibilidad de exonerar o atenuar la pena para aquellas que, al momento de la comisión del delito, contaban con un programa de cumplimiento que incluía controles eficaces y mecanismos de supervisión. Para ello, el compliance debe incluir:
1. Evaluación de Riesgos: Identificar en qué áreas existe mayor riesgo de corrupción.
2. Políticas de Ética y Conducta: Establecer un código de ética claro y procedimientos de denuncia.
3. Capacitación Continua: Formación regular para los empleados sobre la importancia de la ética empresarial.
4. Monitoreo y Auditoría Interna: Evaluar de manera continua el cumplimiento de las políticas establecidas.
5. Canales de Denuncia: Facilitar el reporte anónimo de incidencias que puedan dar lugar a mala conducta.
Cuando una empresa demuestra que tiene un sistema de compliance consolidado y que ha actuado proactivamente para prevenir los crímenes de corrupción, los abogados defensores tienen una base sólida sobre la cual construir su estrategia. En juicios, la defensa puede argumentar que la responsabilidad de los actos delictivos recae en los individuos que, en su caso, actuaron al margen de la normativa interna, reforzando así la defensa del representante legal.
3. Importancia de la defensa técnica desde la fase de indagación preliminar
El proceso penal inicia con la indagación preliminar, una etapa clave que puede determinar el futuro del acusado. Es en este momento donde la defensa técnica se convierte en una herramienta decisiva. Desde este punto, el abogado debe adoptar una estrategia proactiva para evitar que se origine una imputación penal.
Durante esta fase, el defensor debe llevar a cabo las siguientes acciones:
1. Recolección de Evidencias desde el Inicio: La defensa debe asegurarse de que se recojan y analicen pruebas que puedan ser determinantes a favor del acusado. Es posible que existan evidencias documentales, testimoniales o experticias que no hayan sido consideradas por la Fiscalía.
2. Interacción con la Fiscalía: La comunicación asertiva con el fiscal puede brindar la oportunidad de presentar argumentos y evidencias que lleven a la desestimación de los cargos o a la clasificación de los mismos como delitos menores.
3. Evaluación de Testigos: La defensa debe analizar la credibilidad y la motivación de los testigos en esta etapa. La identificación de contradicciones o sesgos en sus declaraciones puede resultar crucial durante la fase de juicio.
4. Análisis de la Fundamento Legal: La defensa debe estudiar detenidamente la tipificación del delito y el contexto de las acusaciones para identificar cualquier posible vicio o defecto en la formulación de la acusación.
5. Construcción de una Narrativa Sólida: Durante la indagación preliminar, el abogado debe dotar de sentido y coherencia a todos los eventos que rodean el caso, resaltando la legalidad de las decisiones tomadas por la alta dirección y el entorno corporativo donde se desempeñan, lo que contribuirá a desmantelar la acusación.
El control sobre estas primeras fases del procedimiento penal ofrece la oportunidad de defender de manera efectiva los intereses del acusado, evitando que el caso progrese hacia la acusación formal. La tarea de un defensor penal agresivo no se limita a reaccionar, sino que debe anticiparse y utilizar toda la gama de herramientas legales disponibles para proteger a sus clientes desde el primer momento.
Conclusiones
En conclusión, la estrategia de defensa en casos de corrupción privada y cohecho en Colombia debe basarse en una comprensión clara de la posición de garante del representante legal, la importancia de la implementación de un sistema de compliance robusto, así como en la necesidad de una defensa técnica activa y efectiva desde la fase de indagación preliminar.
El litigio penal de élite es un campo que exige no solo conocimientos jurídicos profundos, sino también habilidades estratégicas para la resolución de problemas complejos. Un defensor penal agresivo, que actúe como un verdadero protector de la alta gerencia, debe estar preparado para desafiar cada acusación con meticulosidad, construir una narrativa sólida que sirva de escudo ante las imputaciones y, por supuesto, garantizar que la justicia no se convierta en un medio para un fin político, sino en un verdadero y eficaz proceso de resolución de los conflictos en el seno de la actividad empresarial.
Tomar una postura activa y proactiva en la defensa penal permite no solo proteger los intereses del acusado, sino también contribuir a la construcción de un entorno empresarial más justo y transparente. En el contexto de la lucha contra la corrupción, los defensores penales deben ser los arquitectos de una defensa que, más que quitarse de la responsabilidad, se enfoque en demostrar la legalidad y el buen proceder de sus clientes.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Especialista en Defensa Penal Corporativa y Compliance
Abogado de la Universidad de los Andes. En el mundo corporativo de alto nivel, un error administrativo puede convertirse en una imputación penal.
Defensa de Directivos: Nisimblat Law protege la libertad de representantes legales y directivos ante investigaciones de la Fiscalía por delitos contra el orden económico, administración desleal y riesgos derivados de la operación. No solo mitigamos el riesgo, destruimos la teoría del caso de la contraparte mediante estrategia penal de élite.
⚖️ Evaluación Legal Especializada — Nisimblat Law
Si usted requiere una consulta urgente con un abogado experto el equipo de Nisimblat Law ofrece una auditoría técnica y legal de su caso bajo los más altos estándares internacionales.
MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación