En el marco del desarrollo del sector petrolero en Colombia, uno de los temas que mayor atención ha suscitado entre los operadores y la comunidad jurídica es la cuestión de las servidumbres. En particular, la Superposición de servidumbres minero-energéticas se ha convertido en una fuente de conflicto, generando implicaciones significativas para las Uniones Temporales (UT) que participan en proyectos de exploración y explotación petrolera. Este artículo tiene como objetivo desarrollar un análisis profundo sobre el régimen legal de las servidumbres en el sector, su interacción con la realidad operativa de las UT, y los problemas inherentes que presentan conflictos de interés entre los actores del sector.
1. Régimen legal de las SERVIDUMBRES en el Sector Petrolero
La Ley 1274 de 2009 establece el régimen de las servidumbres a nivel nacional, complementándose con lo estipulado en el Código de Petróleos. En términos generales, una servidumbre se define como el derecho de una persona a utilizar la propiedad de otro en la manera que le permite satisfacer una necesidad que no puede ser satisfecha sin la intervención de la propiedad ajena. En el contexto petrolero, las servidumbres se convierten en un instrumento esencial para permitir el desarrollo de infraestructura crítica, como oleoductos y estaciones de bombeo.
Ley 1274 de 2009
Según esta ley, las servidumbres mineras y energéticas deben ser constituidas por acuerdo entre las partes afectadas, y, si no se llega a un acuerdo civil, el propietario puede solicitar la entrega del predio o el establecimiento de la servidumbre ante las autoridades competentes. Se busca asegurar un equilibrio entre el derecho a desarrollar actividades económicas y la propiedad privada. Importante destacar que en el sector petrolero, se define el ámbito de aplicación así como los mecanismos de indemnización para los propietarios afectados.
Código de Petróleos
El Código de Petróleos complementa esta regulación, en específico en su artículo 25, que establece que las empresas petroquímicas o de hidrocarburos podrán prestar servicios de exploración y producción siempre que se garantice el reconocimiento y respeto a los derechos de los propietarios. El marco legal subraya que el estado debe intervenir para garantizar que la actividad petrolera no vulnera injustamente los derechos de los propietarios.
2. Superposición de servidumbres minero-energéticas
La situación de la superposición de servidumbres, es decir, cuando varias servidumbres afectan la misma propiedad, se complica considerablemente debido a la necesidad de optimizar los recursos y explorar múltiples áreas de interés. Este fenómeno plantea retos únicos, ya que puede originar disputas entre diferentes compañías sobre el derecho de acceso, lo que a su vez genera conflictos de competencia y retrasos en la obtención de permisos necesarios para operar.
Conflictos de competencia y retrasos en permisos
La superposición de servidumbres puede derivar en un estado de confusión donde ninguna de las partes pueda asegurar un acceso efectivo y a tiempo a los recursos naturales. Esto se traduce en un incremento significativo de los costos operativos para las UT, quienes pueden verse obligadas a asumir costos que, en principio, deberían ser atendidos por las compañías operadoras. En este contexto, el costo del acceso al área de operación y las demoras en los trámites necesarios para la obtención de permisos pueden suponer un obstáculo que afecte la viabilidad y el desempeño económico de las UT.
Las Uniones Temporales, al ser colaboraciones entre empresas que buscan ejecutar un proyecto específico, están en una posición particularmente vulnerable. Cuando se generan conflictos por superposición de servidumbres, las UT pueden verse arrastradas a disputas legales sin la certeza de que las operadoras asuman realmente las responsabilidades que les corresponden según el marco legal.
3. Conflicto de interés en las firmas ‘Big Law’
Otro aspecto crítico es el conflicto de interés que se presenta cuando se involucran las llamadas firmas ‘Big Law’. Al ser estas firmas los asesores legales de las operadoras, existe una falta de presión para que se realicen las gestiones necesarias a fin de iniciar el saneamiento de los predios afectados por la superposición de servidumbres.
El hecho de que las operadoras sean clientes permanentes de estas firmas genera un entorno donde no se promueven activamente las acciones que permitan la resolución de estos conflictos. En esencia, las firmas prefieren mantener una relación cordial con sus clientes, en lugar de arriesgarse a comprometer sus intereses económicos por la presión que podría generar el reconocimiento de los derechos de los propietarios y la resolución de las controversias adecuadamente.
Este dilema ético se traduce en un riesgo añadido para las UT, que dependen de un ambiente regulador justo y eficiente para llevar a cabo sus proyectos.
4. Jurisprudencia sobre la responsabilidad de la operadora
En diversas sentencias, la jurisprudencia colombiana ha establecido que la responsabilidad de la operadora se extiende más allá de la relación de contrato existente entre las partes. El acceso al área de operación no puede ser entendido exclusivamente como un derecho contractual, sino que implica una responsabilidad moral y legal de garantizar que se cumplan las condiciones necesarias para operar sin que esto vulnere los derechos de terceros.
En la sentencia C-097 de 2017, la Corte Constitucional subrayó que «la empresa operadora tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir la afectación de los derechos de los propietarios a quienes afecta su actividad». Esta afirmación resalta la relevancia de actuar proactivamente en la resolución de conflictos relacionados con las servidumbres, enfatizando que es de interés público que la actividad petrolera se desarrolle en un marco legal que respete la propiedad privada y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El reconocimiento de esta responsabilidad puede ser crucial para que las UT no se vean arrastradas a conflictos innecesarios que podrían haberse resuelto a partir de la actuación oportuna de las operadoras.
Conclusiones
La superposición de servidumbres minero-energéticas en el sector petrolero colombiano plantea un desafío significativo para las Uniones Temporales y las entidades operadoras. La interacción compleja entre el marco legal establecido por la Ley 1274 de 2009 y el Código de Petróleos, junto con la manera en que las «Big Law» abordan los conflictos en la práctica, revela una serie de problemas que necesitan ser atendidos con urgencia.
Los conflictos de competencia y los retrasos en la obtención de permisos son repercusiones directas de esta problemática, y es crucial que las operadoras asuman su responsabilidad para facilitar el acceso y promover la resolución de conflictos derivados de la superposición de servidumbres. Asimismo, las UT deben ser conscientes de que no deben asumir costos que deberían ser trasladados a aquellas entidades que tienen la responsabilidad legal y moral de garantizar el buen desarrollo de la actividad petrolera.
Por último, es fundamental fomentar un cambio en la estructura de incentivos y relaciones comerciales que permita que los intereses de todas las partes sean de alguna manera equilibrados, asegurando un desarrollo sostenible y equitativo de los recursos naturales en Colombia. Solo con una regulación clara y un actuar proactivo se podrá avanzar hacia un sector petrolero que opere en armonía con los derechos individuales y los intereses colectivos de la nación.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Experto en Servidumbres y Derecho de Tierras en el Sector Petrolero
Abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de Petróleos.
En el Sector Petrolero, la viabilidad de un proyecto depende de la correcta gestión de las servidumbres legales de hidrocarburos.
Estrategia de Defensa: Nisimblat Law interviene en conflictos por limitaciones al dominio y falta de saneamiento predial por parte de las operadoras, garantizando que las Uniones Temporales no asuman los costos de los retrasos por falta de acceso a las áreas de perforación o transporte.
⚖️ Evaluación Legal Especializada — Nisimblat Law
Si usted requiere una consulta urgente con un abogado experto el equipo de Nisimblat Law ofrece una auditoría técnica y legal de su caso bajo los más altos estándares internacionales.
MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación