La creciente presión sobre la industria petrolera debido a la sostenibilidad ambiental y la protección de los derechos humanos exige un enfoque meticuloso en las responsabilidades asociadas con el transporte de crudo. Es necesario que la Unidad Técnica (UT) tome una postura clara y firme para defender su posición ante un derrame de crudo en oleoducto. A continuación, se presentan los aspectos centrales de nuestro análisis, comenzando con el principio de responsabilidad objetiva en actividades peligrosas.
1. La Responsabilidad Objetiva en Actividades Peligrosas
El principio de responsabilidad objetiva, que se encuentra en el marco del derecho ambiental, sostiene que las actividades que se consideran peligrosas llevan consigo una responsabilización independientemente de la existencia de culpa. En el ámbito del sector petrolero, el transporte de crudo es una actividad calificada como inherentemente peligrosa, dado el alto riesgo de generar daños al medio ambiente y a la comunidad suscitados por un derrame.
Según esta lógica, las empresas operadoras son responsables por los daños resultantes de dicha actividad sin importar que hayan tomado las medidas necesarias para evitar un incidente. La responsabilidad objetiva implica que, en caso de un derrame, puede invocarse la responsabilidad de la operadora de manera inmediata. Aquí se introduce un punto crucial: la UT, como entidad encargada de actividades relacionadas con el transporte de crudo, debe demostrar que no tiene una responsabilidad directa en la ocurrencia del suceso.
2. La Infraestructura y el Desgaste como Causantes de Derrames
Los estudios y la experiencia práctica en el sector petrolero han demostrado que los derrames de crudo en oleoductos a menudo son consecuencia del desgaste de la infraestructura, que en este caso es propiedad de la operadora del sistema de transporte. Este desgaste, el cual puede incluir corrosión, fallos estructurales o falta de mantenimiento, no es un producto de la operación de la UT ni de su gestión, sino de la responsabilidad directa de la operadora.
Es evidente que muchos de los oleoductos en operación han sido sometidos a condiciones extremas y requieren un mantenimiento riguroso y proactivo. La falta de atención a estos aspectos técnicos provoca no solo una elevada probabilidad de derrames, sino también la posibilidad de graves impactos ambientales. Al construir nuestra defensa, debemos centrarnos en establecer que el evento derrochador se presenta no como resultado de la acción u omisión de la UT, sino que tiene su origen en el estado de la infraestructura y en las decisiones de mantenimiento y operación tomadas por la operadora.
3. Conflicto de Interés en el Sector Petrolero
El ambiente corporativo del sector petrolero presenta un dilema significativo: muchas firmas de asesoría y defensa en materia ambiental eligen guardar silencio ante el riesgo de perder contratos y relaciones comerciais con mayoristas, como Ecopetrol. Este fenómeno, conocido como conflicto de interés, se traduce en una falta de voz crítica que podría contribuir eficazmente a la defensa de la UT en este contexto.
Resulta inaceptable que un vasto grupo de expertos y profesionales mantenga una posición pasiva ante situaciones que comprometen la integridad ambiental y la justicia social. Las firmas deben adoptar un enfoque proactivo y defender el interés público, estableciendo precedentes que fortalezcan la virtud de sus prácticas y protejan los derechos de aquellos que se ven afectados por las acciones negligentes de las operadoras.
Al abordar el conflicto de interés, es fundamental presentar pruebas testimoniales y documentales de la falta de inversión por parte de la operadora en el mantenimiento de la infraestructura y argumentar que los estudios existentes deben ser cruciales para demostrar que hubo un incumplimiento de las medidas estrictas requeridas por las normativas ambientales. Este enfoque no solo refuerza la defensa de la UT, sino que también contribuye a elevar el estándar de responsabilidad del sector.
4. Ley 1333 de 2009: Procedimiento Sancionatorio Ambiental
La Ley 1333 de 2009, que regula el procedimiento sancionatorio en el ámbito ambiental, establece mecanismos a través de los cuales las entidades responsables de actividades que causen daño ambiental deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas. Sin embargo, la ley también permite la presunción de inocencia, lo que significa que la UT puede desvirtuar su culpa al demostrar que no fue responsable del incidente.
La operatoria de la ley permite que, en primer lugar, se requiera a la autoridad competente una evaluación exhaustiva de los hechos, para determinar la relación de causalidad entre las actividades de la UT y el incidente. Al construir nuestra defensa, debemos presentar pruebas concluyentes que demuestren que la responsabilidad realmente radica en la operadora y que la UT cumplió con todas las normativas ambientales pertinentes.
Para desvirtuar la presunción de culpa, la UT debe presentar evidencia de sus protocolos de operación y mantenimiento, y demostrar que toma en serio su responsabilidad en el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Esto puede incluir auditorías, informes de inspección, y otros documentos que respalden la gestión de riesgo en el transporte de crudo.
Conclusión
La defensa de la UT ante un derrame de crudo en oleoducto requiere un enfoque multifacético, donde la comprensión del marco legal y técnico es crucial para construir una defensa sólida. La responsabilidad objetiva establece la carga en la operadora, mientras que el desgaste de la infraestructura representa el punto de partida para asentar el debate sobre la culpa. Además, es imperativo que las empresas y profesionales involucrados en la defensa de la UT desafíen el statu quo, replanteando el conflicto de intereses existente en el sector.
Finalmente, bajo la Ley 1333 de 2009, la UT debe aprovechar los instrumentos legales a su favor para demostrar que su gestión ha sido adecuada y conforme a la normativa ambiental, salvaguardando así su integridad ante un sistema que, aunque exige responsabilidad, debe ser también claro en cómo asigna la culpa. Solo con una defensa bien articulada y un compromiso con la verdad y la ética, la UT podrá posicionarse eficazmente en este complicado paisaje donde la necesidad de petróleo y la preservación del medio ambiente deben coexistir armoniosamente.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Experto en Responsabilidad Midstream y Litigio Ambiental Petrolero
Abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de Petróleos.
En el Midstream, los derrames de crudo y las sanciones ambientales no pueden ser cargados automáticamente a la Unión Temporal.
Defensa de Choque: Nisimblat Law se especializa en desvirtuar la responsabilidad de los contratistas ante procesos sancionatorios de la ANLA y demandas por daños ambientales, demostrando la ruptura del nexo causal por falta de integridad en la infraestructura de la operadora. Independencia total frente a los gigantes del crudo.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación