La intersección de los intereses del sector petrolero con el ámbito minero genera un entramado normativo que requiere un análisis exhaustivo. En Colombia, este fenómeno se pone de manifiesto a través del artículo 60 de la Ley 1274 de 2009 y del Código de Petróleos, que consagran el régimen legal de las servidumbres en el sector. Sin embargo, la superposición de servidumbres minero-energéticas ha desencadenado una serie de desafíos en términos de competencia y permisos que, en última instancia, afectan la operatividad de las uniones temporales (UT) constituidas para llevar a cabo estos proyectos. A este efecto, es imperativo no solo entender los marcos legales, sino también subrayar las contradicciones que surgen en el campo práctico, muchas veces exacerbadas por conflictos de intereses en la asesoría jurídica.
1. Régimen legal de las servidumbres en el sector petrolero
El régimen de servidumbres está regido en Colombia por varios instrumentos, principalmente por la Ley 1274 de 2009 y el Código de Petróleos. La Ley 1274 establece disposiciones relacionadas con las servidumbres necesarias para el desarrollo de proyectos de minería y energía, legitimando el acceso a terrenos en función del interés nacional y permitiendo la expropiación si es necesaria.
El artículo 10 del Código de Petróleos complementa esta regulación al establecer que la exploración y producción de hidrocarburos requieren el establecimiento de servidumbres que faciliten a los operadores el acceso a las áreas necesarias para llevar a cabo sus actividades. Este acceso no solo es a nivel físico, sino que involucra la obtención de ciertos permisos que permiten realizar las labores pertinentes dentro de un marco de respeto por la propiedad privada y los derechos de los terceros.
2. Superposición de servidumbres minero-energéticas: Conflictos de competencia y permisos
La superposición de servidumbres minero-energéticas se presenta cuando dos o más proyectos que operan bajo diferentes regímenes normativos requieren el mismo espacio físico o acceso a recursos en una misma área territorial. Este fenómeno genera, inevitablemente, conflictos de competencia en el uso y disfrute del espacio, lo que se traduce en un aumento de la burocracia y la necesidad de múltiples permisos que, por su complejidad, pueden resultar en retrasos significativos en la ejecución de los proyectos.
El impacto de estos retrasos se siente con mayor fuerza en el ámbito de las uniones temporales. Estas entidades, creadas específicamente para ejecutar proyectos que a menudo involucran altos riesgos y considerable inversión, se ven afectadas no solo por la dilación en la obtención de los permisos, sino también por la falta de claridad en cuáles son las responsabilidades de cada operador dentro de la UT, especialmente cuando el conflicto radica en la superposición de servidumbres.
3. Conflicto de interés en la asesoría legal
Es imperativo señalar que la dualidad de la función que desempeñan las firmas de ‘Big Law’ genera un marco de conflicto de intereses difícil de eludir. Estas firmas suelen tener como clientes permanentes a las operadoras, lo que puede llevar a una falta de presión sobre las mismas para que realicen el saneamiento de los predios afectados. Cuando las empresas mantenidas por abogados forman parte del mismo tejido económico que las operadoras, existe la tentación de priorizar intereses comerciales sobre los derechos fundamentales de los terrenos en cuestión.
La falta de un enfoque proactivo por parte de estas firmas en la regulación de las servidumbres minero-energéticas no solo perpetúa la insatisfacción de los titulares de derechos en los terrenos, sino que, en un contexto más amplio, puede resultar en litigios prolongados que afectan la capacidad de las UT de operar eficientemente.
4. Jurisprudencia sobre la responsabilidad de la operadora en el acceso al área de operación
La jurisprudencia colombiana ha abordado este conjunto de problemáticas a través del principio de responsabilidad de la operadora en el acceso al área de operación. En repetidas ocasiones, la Corte Constitucional ha afirmado que el respeto a los derechos de propiedad privada debe ser considerado de manera paralela a la necesidad de desarrollar proyectos de carácter estratégico para el país. En este contexto, se reitera que las operadoras de hidrocarburos tienen la obligación de obtener todas las autorizaciones necesarias para acceder a los terrenos, lo cual debe hacerse de manera diligente y sin causar perjuicios a los terceros.
Un fallo relevante expone que «la falta de diligencia en la obtención de permisos provoca daños a la comunidad afectada y, en consecuencia, implica una responsabilidad directa sobre la operadora» (Sentencia T-023 de 2019). Este precedente se torna crucial en el seno de las UT, donde la colaboración y la distribución clara de responsabilidades son esenciales para una adecuada ejecución del proyecto.
5. Conclusión: un llamado a la revisión del marco normativo
La intersección de servidumbres minero-energéticas y la consecuente superposición de intereses en el sector petrolero presentan retos significativos que amenazan la eficacia de la ejecución de proyectos en un sector estratégico para el país. La legislación actual, si bien proporciona un alcance normativo para la gestión de servidumbres, exige una revisión crítica a la luz de las experiencias prácticas que revelan la necesidad de mejorar la coordinación entre la minería y la energía.
Asimismo, es fundamental que las empresas operadoras y las firmas de asesoría legal asuman una responsabilidad activa en el saneamiento de los predios y en la resolución de conflictos para proteger tanto sus intereses económicos como los derechos de los propietarios de terrenos. Un enfoque más colaborativo, que priorice el diálogo y la transparencia, puede garantizar que las oportunidades de desarrollo en el sector petrolero y minero se traduzcan en beneficios que permeen las comunidades y el entorno econômico nacional.
Reforzar la regulación y formular políticas efectivas que aborden los intereses concurrentes de las servidumbres no solo beneficiarán a las UT y a las operadoras, sino que incrementarán la seguridad jurídica y fomentarán un mapa de inversiones más robusto para el sector energético en Colombia. La falta de acción puede conducir a un estancamiento que no solo afectará a los actores involucrados, sino que también podría representar un retroceso en el desarrollo y sostenibilidad del entorno energético del país.
En suma, la combinación de una regulación más clara, el compromiso de las operadoras y la revalorización del papel de la asesoría jurídica resulta indispensable para evitar la dilación y garantizar que los proyectos de desarrollo en el sector petrolero se realicen con los estándares de eficiencia y respeto que la normativa exige, y la sociedad demanda.
MAIKEL NISIMBLAT
Director Jurídico | Experto en Servidumbres y Derecho de Tierras en el Sector Petrolero
Abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de Petróleos.
En el Sector Petrolero, la viabilidad de un proyecto depende de la correcta gestión de las servidumbres legales de hidrocarburos.
Estrategia de Defensa: Nisimblat Law interviene en conflictos por limitaciones al dominio y falta de saneamiento predial por parte de las operadoras, garantizando que las Uniones Temporales no asuman los costos de los retrasos por falta de acceso a las áreas de perforación o transporte.
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MAIKEL NISIMBLAT — Director Jurídico de Nisimblat Law
Abogado de la Universidad de los Andes. Formación Pon Program Harvard Law School y MIT. Especialista en litigio con más de 25 años de experiencia en casos de mayor complejidad en Colombia.
Autor de las siguientes publicaciones:
- 📘 Responsabilidad Contractual
- 📘 Responsabilidad extracontractual
- 📘 Estudios sobre Casación